Gesta Constitucional de 1812

Toda un heroicidad en las primeras décadas de s. XIX. Sobre todo para un país enraizado en principios tradicionalistas, con una monarquía absoluta en plena vigencia, debilidad económica desgarradora y contrastes sociopolíticos gigantescos. No era en forma alguna el escenario adecuado para que brotaran esquejes de libertad, ni principios ideológicos renovadores ni transformaciones institucionales; ni leyes superiores del Estado con una singularidad tan grande; aun siendo un legado que deba comprenderse a la luz contemporalizadora de la Revolución Francesa, de las constituciones liberales pretéritas (Europea y emancipación americana), de la crisis dinástica o del módico e incompetente revulsivo de la ilustración española. Seguro que existieron razones poderosas para que la constitución de 1812 tomara carta de naturaleza, y doctores tiene la iglesia para que los expertos interpreten las verdades del evento. Lo cierto es que la primera carta magna surgió de un brote liberal fraguado al auspicio de las Cortes de Cádiz –frente a Napoleón–, embriagadas en un sinfín de discordias y contrapuntos que hacían aparentemente imposible la construcción del Liberalismo en España: pues bien poco tenían que ver Argüelles o Muñoz Torrero con los absolutistas más recalcitrantes, con los clérigos (Inguanzo, Quevedo y Quintano...) o nobles inmovilistas. Una panoplia de próceres que vivían en mundos distintos y distantes, ideales antagónicos y proyecciones de futuro irreconciliables. Aquellos hombres no podían vislumbrar en forma alguna el mismo horizonte, ni compartir los mismos sueños (muy alejados), pero participaban de una encrucijada histórica sin retorno, de la que seguramente fueron conscientes. Lo menos malo se aquilataba en mantener la monarquía absoluta con las ventanas abiertas para nuevos aires de libertad. La primera Constitución representa a pesar de su brevedad (vigencia entre 1812-1814/1820-23) y carácter efímero un hito en nuestra Historia, un referente de primera magnitud, plagiado unas veces en lo esencial (en la década del treinta) y tamizado en otras en asuntos esenciales; pero con los postulados programáticos del ideal liberal: soberanía nacional de resonancia roussoniana (con un censo limitado y restringido, claro); división de poderes; derechos y libertades (libertad personal, de expresión, integridad física, garantías procesales...); monarquía constitucional (que no parlamentaria). A nivel social se suprime el régimen señorial y se ensalza alegremente la igualdad social, si bien bajo parámetros económicos, que ya no de sangre. Con impronta tradicional –ineludible entonces– de la Religión Católica, Apostólica y Romana como única y verdadera. Con todas las limitaciones que queramos, pero como punto inercial de las transformaciones políticas contemporáneas. Fernando VII la revocará de inmediato con contundencia, pero una y otra vez se ensalzara como símbolo de la libertad (en el Trienio Liberal, en 1836), contra la tiranía y las fuerzas más conservadoras. Por ella lucharon gentes sencillas que, tal vez sin saberlo, participaron del nacimiento de un nuevo mundo, de una transformación política gigantesca de nuestra Historia; el desbrozamiento de un camino que estaba lleno de recovecos y que no ha encontrado una vereda asazmente limpia hasta el último cuarto del s. XX (1978). La tarea no era fácil. Aún hoy –ciento sesenta y seis años después de un primer intento cargado de fortuna– el texto constitucional del 1978 está plenamente consolidado como norma suprema (respetada, valorada, etc.), pero no faltan contrariedades ni debates de profundidad: porque las reformas constitucionales dan miedo aún; se carece de consenso en cuestiones vitales de organización del Estado y sus instituciones (Senado); las propias formas de poder y el régimen del Estado no se someten siquiera a debate, etc. Nada extraña por lo tanto que en el s. XIX las carencias fueran infinitas, pero los logros sin duda admirables. Entiéndase pues la constitución de 1812 como una auténtica gesta en nuestra Historia.