Jacques Chirac, antiguo presidente de la República francesa (desde 1995 - 2002 a 2002 – 2007), ha sido acusado presuntamente de ciertos delitos como el de malversación de fondos públicos, cohecho y financiación ilegal de su partido (UMP) durante los últimos años de alcaldía en París (1977 a 1995). Se supone que los hechos tuvieron lugar entre octubre de 1992 y mayo de 1995. Las investigaciones han llegado a cifrar el número de funcionarios irregulares en 21. Éstos fueron utilizados por el ex presidente para el propio bien de su partido, y no como se supone que debería de haber sido (para los habitantes de la ciudad de París). También se apunta que el sueldo de estos funcionarios provenía del ayuntamiento y los impuestos que los parisinos pagaban puntualmente lo que agrava el asunto de apropiación de bienes. La investigación de los hechos comenzó en 1998. El presidente no ha podido ser juzgado antes ya que, según dicta la Constitución, los presidentes cuentan con inmunidad mientras están en el cargo. Desde el momento en que Chirac dejó el palacio Elíseo se perdió este derecho y ahora será juzgado como cualquier otro ciudadano de Francia. Hay que tener en cuenta que muchos de los acusados ya fueron juzgados y condenados anteriormente. El actual alcalde de París Bertrand Delanoe denunció los hechos, aunque hace unos meses los abogados de Chirac acordaron la retiración de las distintas querellas si el acusado pagaba la cifra de 2.200.000 millones de euros. Dicha cantidad fue pagada en parte por el partido de Nicolas Sarkozy y Chirac. Pero de nada ha servido, pues dos jueces han estimado que debe de ser juzgado y seguirán adelante con el procedimiento correspondiente. Los abogados de ex-presidente están luchando para retrasar lo máximo el juicio y por ahora lo están consiguiendo; ya que se ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad. Mañana se decidirá si este proceso seguirá adelante o se paralizará. Si el Tribunal que lleva el caso estima que es prioritario, el juicio podría producirse en unos meses. En todo caso el ex presidente se enfrenta a una pena de diez años de cárcel y 150.000 € de multa si no consiguen demostrar que los delitos ya han prescrito, y que todos esos empleados eran necesarios para el correcto funcionamiento de la capital. El antiguo presidente cuenta con gran estima por parte de la mayoría del pueblo parisino, pero los que no lo admiran –por así decirlo–, pues quieren que sea juzgado y comprobar que el procedimiento será el mismo que el que se ha seguido con otros políticos corruptos. Al respecto de esta noticia, solo puedo decir que de esta forma salta a la palestra un político que no es español, acusado de cargos relacionados con la corrupción en los medios internacionales; ya que en el ámbito europeo, España es conocida como un país totalmente corrupto, y es evidente que somos los únicos. Espero que Chirac sea juzgado correctamente y que cumpla su condena –si fuera culpable– como otro ciudadano cualquiera. Francesca Ambrogetti- R Tato.